lunes, 21 de octubre de 2013

La lacra privada en los servicios públicos: ENDESA una de ellas.

   La precariedad de los servicios públicos servidos por las empresas privadas es una realidad tangible que además es tolerada por la mayoría de instituciones públicas de distinto nivel. Los cortes de electricidad que estamos últimamente sufriendo en Alosno no son más que la punta del iceberg del mangoneo y chantaje que estas empresas hacen al ciudadano bajo la no intervención de las dos fuerzas políticas dominantes.
   Lo más bochornoso es que casi todas estas empresas que realizan servicios públicos fueron antes íntegramente públicas:
  • ENDESA: privatizada por la mitad de su valor real en la década de los 90 por el Partido Popular. Ahora mismo cuenta como uno de sus asesores a José Mª Aznar.
  • TELEFÓNICA: privatizada por una quinta parte de su valor real. Esta privatización fue auspiciada por Rodrigo Rato. Primero privatizó SINTEL (filiar de telefónica), luego le tocó a la empresa matriz. Este lumbreras de los negocios luego se fue de director al Fondo Monetario Internacional (en su gestión comenzó la crisis económica mundial) y luego remató la faena al hacerse cargo de BANKIA (preferentes, burbuja inmobiliaria…). Por los favores creados actualmente es asesor del Banco Santander.
  • REPSOL: cuando CAMPSA era la empresa estatal pública de los hidrocarburos, el gobierno socialista de Felipe González creó REPSOL para competir en el extranjero. Una vez privatizada terminó comprando de manera simbólica a la empresa matriz.
  Muchas más empresas hay con el mismo pasado y presente que las citadas anteriormente. Bajo el engaño de que eran una carga para el estado se privatizaron todos las empresas públicas que eran rentables dejando a cargo del estado, de todos nosotros, las deficitarias que se mantenían con los beneficios de las rentables.
   Después de esta breve introducción para dejar claro en el contexto en el que nos movemos nos centraremos en el problema que ahora nos ocupa que es ENDESA.
   Los continuos microcortes que estamos sufriendo en el municipio son tan leves que no quedan reflejados, eso provoca que cualquier reclamación por deficiencias en el servicio o averías de aparatos eléctricos queden invalidadas, incluso si es colectiva. La única opción eficaz es interponer una demanda colectiva donde el peso de muchas voces sean prueba ante un juez.
   Anteriormente la ley daba un margen a los usuarios para enfrentarse a las grandes compañías ya que si al final el juez decidía en tu favor, la empresa pagaba los costes del proceso y lo reclamado. Ahora, después de la reforma del Partido Popular, el usuario debe pagar los costes del juicio que luego se le remunerará si tiene razón. Esto deja a la persona sola e indefensa ante las grandes compañías.
   Para solucionar el tema de manera eficaz los pasos serían los siguientes:
  • Recogida de firmas en una iniciativa popular.
  • Esta iniciativa debe recoger la voluntad de demandar a ENDESA por perjuicios y servicios defectuosos.
  • Entregarlas en el registro del Ayuntamiento para que sea el ente el que en nombre de los firmantes sea quién demanda.
  • Que el Ayuntamiento inicie una demanda contra ENDESA igual que otros tres en la provincia de Huelva.
   Solo la presión popular puede forzar la justicia, pero en un país donde el Gobierno de derechas que tenemos intenta criminalizar cualquier protesta y amilanar al ciudadano frente a las grandes empresas, solo presionando a los políticos directos (alcalde y concejales) podemos combatir en su terreno.

domingo, 6 de octubre de 2013

SIN PENSIONES Y SIN FUTURO. El ataque brutal a las pensiones en España y en Andalucía (2ª y última parte: el problema y las consecuencias).

   El problema del sistema público de pensiones en España está en los niveles que se alcancen de recaudación fiscal por el Estado. El problema no es el desempleo que reduce la población activa y la existencia de menos trabajadores por cada pensionista. Tampoco es el envejecimiento de la población.

   Si la aportación de las empresas y los trabajadores a la caja única de la Seguridad Social no alcanza la suma necesaria para pagar pensiones, el Estado tiene que hacer una aportación de los presupuestos generales. Esa es la clave. ¿Dónde está escrito que el Estado no pueda hacer una aportación económica a la Seguridad Social para garantizar el pago de todas las pensiones? ¿Acaso no paga al ejercito? ¿Acaso no paga al Rey y a toda su progenie? ¿Acaso no le ha dado a la banca más de 300.000 millones de euros para tapar sus agujeros? 

   Y miren que casualidad, sale el infame Montoro anunciando entre risitas que con la reforma de las pensiones el Estado ahorrará 300.000 millones de euros. ¿Acaso es casualidad que sea la misma cifra con la que se ha saneado a la banca?

   Podríamos seguir dando ejemplos, pero lo importante es que llegado a este punto se acabe con el fraude fiscal, ese es el auténtico problema que tiene España, donde la política fiscal ampara a los grandes defraudadores (empresas del IBEX 35, Emilio Botín, el Rey, deportistas de élite…) y persigue a los pequeños autónomos que intentan subsistir pagando y trabajando sin cobrar IVA.

   En España, en 2012, se han evadido más de 375.000 millones de euros, según datos del Fondo Monetario Internacional y según la Asociación de Técnicos e Inspectores de Hacienda, se calcula un fraude a la Hacienda Pública de unos 80.000 millones de euros que afecta sobre todo a las grandes fortunas y a las grandes compañías.

   Los paraísos fiscales ocultan un tercio del Producto Interior Bruto mundial, cerca de 24 billones de euros. Si de ese dinero se pagara algún impuesto, se acabaría con el hambre en el mundo y no habría que recortar políticas sociales.

   El objetivo es abaratar tanto las pensiones públicas que, sectores de trabajadores con algunos recursos, los inviertan en fondos de pensiones privados. Y ahí está el negocio de la banca, del sector financiero, de los carroñeros.

   Las consecuencias sociales de esta reforma serán terribles. De las conquistas sociales conquistadas por los trabajadores a lo largo de la historia, con gran sacrificio del movimiento obrero, la más social, la más justa y la más solidaria es la conquista de las pensiones, porque garantiza los recursos que dignifica los últimos años de su vida a un colectivo indefenso, el de los mayores, que lo han dado todo a lo largo de su vida laboral.

   ¿Podremos tolerar la desprotección de las personas mayores que integrarán en millones las cifras de pobreza? ¿Podemos quedarnos con los brazos cruzados ante esta política criminal y asquerosa, al tiempo que hipotecará a millones de trabajadores empujándoles a invertir en fondos privados de pensiones para tener garantizada una mínima subsistencia en el futuro?

   AHÍ ESTÁ EL NEGOCIO DE LOS MISERABLES BANQUEROS Y SUS PERROS DEL PARTIDO POPULAR.

   España está dejando de ser un país democrático y social de derecho, solo la movilización de todos nosotros y la desobediencia civil radical cerrarán el camino a esta reforma tan cancerígena para los que menos tienen y más indefensos están.

SIN PENSIONES Y SIN FUTURO. El ataque brutal a las pensiones en España y en Andalucía (1ª parte).

   Asistimos a un ataque brutal a las pensiones en España. El gobierno del Partido Popular junto a la patronal de empresarios, han desatado un ataque para rebajar y dinamitar el sistema público de pensiones de la Seguridad Social y privatizar las pensiones del futuro.

   En España hay actualmente 9.349.000 pensionistas y la media de la pensión es de 920 € mensuales. En Andalucía hay 1.447.314 pensionistas, siendo la media de la pensión andaluza de 779,28 € mensuales. 

   España gastó el 10% del Producto Interior Bruto (el fruto de nuestro trabajo y nuestros impuestos) en 2012 para atender a nuestras pensiones, mientras que Italia gastó el 15% de su P.I.B. y Francia el 14,6% de su P.I.B.

   La ministra del Desempleo Fátima Báñez plantea una forma, un diseño donde se pierde poder adquisitivo, así desde el año 2014 al 2020 la pérdida será del 25%. En 2020 una pensión que actualmente sea de 1.000 €, tendrá un valor de 750 €. Esto es llanamente un robo a medio plazo a todos y cada uno de los pensionistas de este país. Hasta ahora, las pensiones venían manteniendo el poder adquisitivo al revalorizarse con el IPC.

   Si tenemos en cuenta que la pensión en España es la más baja de toda Europa, esta reforma de pensiones es la puñalada final a una ciudadanía que ha sido atracada tanto por el Estado como por los bancos y las grandes empresas. Porque recordemos que actualmente el 30% de los andaluces están en el umbral de la pobreza, es decir, uno de cada cuatro andaluces se muere de hambre.

   Los pensionistas y jubilados integran en gran parte esas cifras de pobreza y exclusión social que se verá incrementada en los próximos años con esta fórmula de Fátima Báñez y del gobierno de Rajoy. No creemos desde IU LV-CA que en este tema haya escuchado el asesoramiento de la “Virgen del Rocío”, porque nadie, mínimamente decente (y de decencia saben muy poco en el Partido Popular), puede llevar a la pobreza a tantas personas.

   Junto al hachazo que supone la pérdida de poder adquisitivo de las personas, hay en este ataque otras medidas que suponen la muerte completa del modelo de pensiones y Seguridad Social que se ha ido construyendo en este país a lo largo de estos últimos 60 años, que tiene tres patas y un sistema de gestión pública:
  1. APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
  2. APORTACIÓN DE LAS EMPRESAS.
  3. APORTACIÓN DEL ESTADO.
   Este gobierno está destrozando el sistema público desde dentro y abrir el camino al sistema privado. Lo hace ampliando a los 67 años la edad de jubilación, impidiendo así el relevo juvenil; y también lo hace exigiendo 40 años completos para tener derecho al 100% de una pensión pública (con la precariedad laboral y el desempleo muy pocas personas podrán alcanzar esos 40 años).

   La estrategia es clara: abaratar costes de producción con las reducciones de salario de los trabajadores. Ahora le unen unas pensiones ya bajas de por si, pero que irán bajando mucho más, que conllevará al empobrecimiento total del país.