La educación, el cuidado de la infancia, el cuidado de los enfermos, la ayuda a nuestros mayores, la salud, la energía, el suministro de agua potable, el transporte público, correos, la cultura... no son mercancías sino servicios públicos que dependen de la responsabilidad estatal. Por ellos no se les puede someter al principio de la competitividad del coste más bajo y el máximo beneficio.
Los Servicios Públicos permiten la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía en condiciones de acceso universal, no discriminatorio y con un coste gratuito.
Necesitamos unos servicios 100% públicos y decimos no a la privatización que hace de los derechos sociales un negocio y no un derecho.
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